En el entorno urbano actual, los arquitectos desempeñan un papel crucial que va más allá de la construcción de estructuras físicas. La idea de “hacer ciudad desde la participación ciudadana” subraya la importancia de involucrar activamente a los residentes en la planificación y desarrollo de sus comunidades (Arnstein, 1969; Cornwall, 2008; Putnam, 2000). Este enfoque inclusivo y democrático permite a los ciudadanos participar en la toma de decisiones que afectan su entorno, fomentando ciudades más resilientes y equitativas. La participación ciudadana en la urbanización puede manifestarse a través de reuniones públicas, consultas comunitarias, talleres participativos y procesos de presupuesto participativo (Monsiváis, 2015). Estas iniciativas promueven la cohesión social y fortalecen el tejido comunitario, ya que permiten a los residentes expresar sus necesidades y expectativas, asegurando que las decisiones urbanas reflejen una diversidad de voces y perspectivas.
Sin embargo, este concepto enfrenta varios dilemas. La exclusión y representatividad son desafíos críticos; las barreras socioeconómicas, culturales o lingüísticas pueden impedir que ciertos grupos participen plenamente (Arnstein, 1969; Cornwall, 2008). Además, la participación ciudadana a veces se reduce a consultas simbólicas, sin garantizar una influencia real en las decisiones (Arnstein, 1969; Cornwall, 2008). En contraste, la participación comunitaria, aunque más autónoma y capaz de generar cambios inmediatos, puede no impactar significativamente en las políticas públicas (Putnam, 2000).
El análisis del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano (CMDU) de Puerto Vallarta ilustra estos desafíos. Aunque concebido como un espacio para la coparticipación de diversos actores en la gestión urbana, el CMDU ha enfrentado problemas significativos. Inicialmente, durante 2010-2012, se observó un trabajo colectivo dinámico con altos niveles de debate (Gutiérrez-Chaparro, 2013; Iracheta, 2016). Sin embargo, la transición en la administración municipal en 2012 resultó en una disminución de las actividades y del trabajo colaborativo, destacando una dependencia excesiva en estructuras formales que limitan la autonomía ciudadana (Ziccardi, 1998; Hajer, 2003; Swyngedouw, 2005).
l CMDU opera principalmente a través de reuniones y comisiones técnicas, donde el control y la preparación de documentos son dominados por agentes del sector público y colegios profesionales. Esto resulta en una participación ciudadana simbólica, con una influencia limitada en la toma de decisiones reales (Arnstein, 1969; Brager & Specht, 1973). La consulta pública se realiza de manera unidireccional, sin posibilidades de alteraciones significativas una vez que las decisiones están publicadas (IAP2, 2018).
A pesar de estos desafíos, los arquitectos, como agentes de cambio urbano, tienen la responsabilidad de promover una visión colaborativa y centrada en las personas. Al empoderar a los ciudadanos como coautores de su entorno urbano, se pueden construir ciudades más habitables, inclusivas y sostenibles. Este enfoque holístico y participativo es esencial para transformar el paisaje urbano hacia un futuro más justo y enriquecedor para todos (ONU-Hábitat, 2016; 2019).