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El desafío de Repensar la Movilidad
Por: Cynthia Chávez Ríos
Directora General de Movilidad en León, Guanajuato.
Secretaria Ejecutiva en la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad.
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A nivel nacional se observa una tendencia creciente en la tasa de motorización de las ciudades. Esta tendencia se refleja en saturación vehicular en horas pico, reducción en las velocidades de circulación, incremento en los tiempos de traslado y mayor emisión de gases contaminantes por fuentes móviles. No es extraño que vivamos esta problemática a nivel nacional, porque desde hace décadas, la política pública se ha enfocado a generar infraestructura que privilegia a los autos particulares. Como se ha señalado en diferentes momentos, por diferentes autores: siembra coches y cosecharás tráfico. Es decir, cuando las ciudades desarrollan infraestructura que incentiva el uso de vehículos particulares, esto generará una tendencia a motorizar las ciudades. Hoy se sabe que agregar carriles en vialidades, sin atender un enfoque de movilidad sustentable, no es la solución ya que en cuestión de 4 o 5 años, éstos estarán saturados.
El Estado de México, ha sido de los casos más graves en el país, ya que en los últimos 30 años su parque vehicular aumentó 823%. En León, de 2003 a 2023, el padrón vehicular creció 194%, sin embargo, la población creció 52% en el mismo periodo. Esto nos indica que el crecimiento en el padrón vehicular es casi cuatro veces mayor al crecimiento poblacional. De seguir esta tendencia, en 20 años tendremos cerca de un vehículo por persona, una tasa de motorización de este nivel no es sostenible para ninguna ciudad.
En la última década, México ha empezado a modificar la forma de hacer política pública. En diciembre de 2020, se incluyó en la Constitución Política el derecho a la movilidad, señalando que: “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.” En mayo de 2022 se publicó la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Actualmente se trabaja en generar una Estrategia Nacional de Movilidad, así como una Política de Transporte Público. Todas estas acciones generan el marco normativo que permite que la federación, los estados y los municipios reenfoquen la forma de desarrollar infraestructura y la aplicación de recursos públicos que a partir de ahora prioricen la movilidad sustentable. El reto no es sencillo, ya que por años se ha aplicado recurso público de manera inversa a lo que se marca en la pirámide de jerarquía de la movilidad. Nos enfrentamos a una infraestructura existente, que en pocas ocasiones atiende a la pirámide de movilidad. Adicionalmente, el reto es mayor al considerar el grado de influencia política y social que tienden a ejercer los usuarios de vehículos particulares, aun cuando representan a la minoría de la población. La tarea se complica mucho más cuando a estos tres factores, se suma la resistencia social a cambiar la forma de distribuir el espacio público. Dicho en otras palabras, todos estamos de acuerdo con fomentar la movilidad activa y sustentable siempre y cuando no se implemente una ciclovía en “mi calle” o no se implemente un carril confinado en una vialidad por la que circulo frecuentemente.
