Las auditorías a obras públicas son un proceso natural que realizan los Órganos de Control, tanto Interno como Externo, para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos. Por ello los contratistas, como ejecutores de obras de infraestructura en las administraciones públicas, deben prepararse y estar conscientes en caso de que sus contratos sean elegidos para alguna revisión.
Las auditorías a las que se someten las empresas constructoras en Guanajuato pueden generar incertidumbre y estrés. Sin embargo, con un conocimiento adecuado de la normativa en materia de fiscalización, así como de obra pública y servicios relacionados, sus reformas y normativa relacionada o vinculante, es posible enfrentarlas con mayor tranquilidad y seguridad.
Los retos que enfrentan los contratistas ante la fiscalización causan un desgaste innecesario. Establecer una adecuada comunicación es el puente hacia una mejor atención en la fiscalización. Uno de los primeros desafíos es la responsabilidad asumida al desarrollar obra pública, pues sabemos que “el desconocimiento de la norma no te exime de las responsabilidades”. Los contratistas, dada la naturaleza de su trabajo, en muchas ocasiones desconocen las normas que rigen los procesos de fiscalización y el desarrollo de la construcción, pero esto no los exime de su cumplimiento.
La complejidad de la normativa también genera estrés en los contratistas. La Ley de Fiscalización Superior y su reglamento son documentos extensos y técnicos, así como su vinculación con normatividad complementaria.
La necesidad de actualizar las disposiciones de fiscalización, genera una red de relaciones entre diversas normas que fortalecen las actividades de revisión sobre la correcta ejecución de los recursos destinados al desarrollo de la infraestructura pública y al combate a la corrupción. Los contratistas a menudo pasan por alto este aspecto que incide en su trabajo, descuidando los mecanismos que les ayudan a cumplir.
La falta de familiaridad con los procesos de fiscalización también influye en la formulación de hallazgos. Si bien la fiscalización se dirige hacia la administración pública, ésta no comunica a los contratistas que son partícipes de ejercicios de fiscalización, ni cómo deben actuar en ellos.
La complejidad de la normativa también genera estrés en los contratistas. La Ley de Fiscalización Superior y su reglamento son documentos extensos y técnicos, así como su vinculación con normatividad complementaria.
La necesidad de actualizar las disposiciones de fiscalización, genera una red de relaciones entre diversas normas que fortalecen las actividades de revisión sobre la correcta ejecución de los recursos destinados al desarrollo de la infraestructura pública y al combate a la corrupción. Los contratistas a menudo pasan por alto este aspecto que incide en su trabajo, descuidando los mecanismos que les ayudan a cumplir.
La falta de familiaridad con los procesos de fiscalización también influye en la formulación de hallazgos. Si bien la fiscalización se dirige hacia la administración pública, ésta no comunica a los contratistas que son partícipes de ejercicios de fiscalización, ni cómo deben actuar en ellos.
Para familiarizar a los contratistas con el trabajo de fiscalización, es importante destacar que se integra por cinco etapas clave: inicio, planeación, ejecución e informe.
En la etapa de inicio, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato notifica al ente fiscalizado sobre el inicio de la auditoría. Los sujetos fiscalizados son los poderes del Estado, los 46 Ayuntamientos, los organismos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales y cualquier particular que ejerza recursos públicos. Se les indica qué tipo de auditoría se efectuará y los alcances de la misma.