La política renovadora y desarrollista (ubicada dentro del marco del positivismo) del porfiriato produjo resultados materiales que fueron consideradas como beneficiosas, sin embargo, llevaban una gran carga de control social, represión y atesoramiento de la riqueza. Por otro lado, el régimen contenía una disposición preferencial hacia lo europeo, desde las políticas económicas hasta las culturales, incluyendo las teorías y practicas urbano-arquitectónicas. A la distancia, este doble paradigma fue produciendo una percepción negativa de la situación en diversos lideres, sobre todo del lado de los liberales (principalmente los magonistas) quienes fueron ampliando un horizonte de cambio hasta verlos materializados con los pronunciamientos de Francisco I. Madero. Dentro de la fase de transición de la paz social a la revuelta (1900 a 1910), el ejercicio de la arquitectura represento un énfasis hacia las corrientes provenientes del viejo mundo, dando preferencia a los arquitectos extranjeros que imponían teorías ajenas a la diversidad de nuestras culturas originarias.

Como ejemplo de esta nueva percepción, en 1944 Diego Rivera en un ciclo de conferencias de El Colegio Nacional señalaba refiriéndose a las obras porfirianas que: son tales edificaciones, alardes de materiales caros e importados, mármoles de todas las Carraras, reducidas a la condición de velas de parafina, soportando olanes de enaguas, vueltas hacia arriba, adornados con espumas de jabón, formando las mas innobles muestras de las más malas esculturas del mundo, como el llamado Teatro Nacional…E incluiríamos nosotros el edificio de Correos, la Secretaria de Obras Públicas, el Ángel de la Independencia, el mismo edificio de las Bellas Artes y la creación de la Colonia Roma, entre muchas otras.

Arnaldo Moya Gutiérrez describe con gran ímpetú la condición del desarrollo arquitectónico a principios del siglo XIX, en la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica: Historia, Arquitectura y Nación bajo el régimen de Porfirio Diaz, 2007. En el texto se puede observar el análisis social post imperialista y las consecuencias de un estado desarrollista, que apegado a las condicionantes económicas con Estados Unidos y con algunos países europeos, se aleja de los valores identitarios y asume principios transnacionales que se importan sin valoración previa.

Como parte de algunas conclusiones iniciales del documento, Moya Gutiérrez señala que; no fue sino a partir de la República Restaurada, pero en especial durante el Porfiriato, que se procuró el saneamiento de la hacienda pública. La situación resultó idónea para que parte de las rentas del Estado se dirigieran a la edificación de las obras que resultaban más apremiantes en la capital y el gobierno central se apresuró a mostrar —con opulencia— un espectáculo arquitectónico sin precedente al celebrarse el primer centenario de la Independencia de México.

El espectáculo antes mencionado (o derroche) provoco una ola de orgullo y autosuficiencia dentro del gremio de los arquitectos, una ola de reconocimiento artístico por las elites liberales que no pocos consideraron contrarias a la modestia y al recato, en cambio esta admiración inflo el ego de los arquitectos que aprovecharón su elitismo para abordar nuevas ideas gremiales.

Dentro de este espacio de jauja ficticia, el 6 de junio de 1905 se crea la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (SAM), promovida por los arquitectos Guillermo Pallares y José Luis Cuevas, entre otros, siendo el primer Presidente el Arq. Carlos M. Lazo, sin un registro jurídico oficial. Al separarse la SAM de la AIAM, los arquitectos tenían un espacio de reconocimiento de mayor individualidad, que sin duda llevaba el desconocimiento de un prestigio superfluo, que evitaba la confusión del perfil con los ingenieros, destacando la meta de refrendar el imaginario liberal de una nación con identidad modernista.

Esta nueva organización (SAM), paradójicamente, tenía como propósito representar a todos los arquitectos del país, dejando un reto en si mismo dado los desequilibrios de las diferentes regiones, localidades y sus respectivas poblaciones. La escala de las obras porfirianas en la ciudad de México nada tenían que ver con la realidad del resto del país, sin embargo, el gremio de los arquitectos había obtenido el estatus de admiración de la burguesía afrancesada.

El júbilo duro poco, la revolución impidió la continuación e incremento de la desigualdad social, algunas obras emblemáticas fueron suspendidas y una parte importante de la burguesía abandono sus propiedades. La revolución freno el despilfarro urbanístico y arquitectónico acumulado en el virreinato, en el independentismo y en el porfiriato.

La revolución mexicana contra el gremio

A la par de la Primera Guerra Mundial, durante la revolución mexicana, el discurso de todos los bandos fue reiterativo, la injusticia de la dictadura porfirista hacia las clases obreras, su opresión, el olvido del campesinado, la explotación de los recursos naturales, la corrupción con los empresarios extranjeros, etc. Las huestes revolucionarias incluyeron a los profesionistas dentro de este discurso, los abogados, ingenieros y arquitectos pasaron a formar parte del imaginario colectivo asociada a la élite porfiriana, aunque algo había de cierto, más valía no decir que eras profesionista. Parte de la elaboración de este discurso provenía de un naciente grupo de intelectuales, que bajo la protección de la recién creada Universidad Nacional (1910) se pronunciaban por la transformación anticipada descrita por Justo Sierra: la autonomía, la eliminación del positivismo, el replanteamiento filosófico y la construcción de un nuevo espíritu.

Dentro de este grupo de intelectuales se encontraban muy reconocidos arquitectos (Juan O ‘Gorman, Mario Pani y Carlos Obregón Santacilia, entre otros), ingenieros (Valentín Gama y Cruz, Vito Alessio Robles y Alberto J. Pani, entre otros) y artistas plásticos (José Clemente Orozco, Francisco Goitia y Fermín Revueltas, entre otros), quienes apuntalando a los abogados y políticos provenientes de los estados del país pugnaron por dar una razón de mayor fondo al desempeño de las profesiones.

Lo anterior repercutió en el contenido del texto de la Constitución de 1917 de Carranza, particularmente lo relacionado a la propiedad de la tierra y la regulación urbana, implicando políticas públicas de carácter social para la vivienda, escuelas, hospitales y transporte, entre otros, destacando el Artículo 4to que señalaba: la Ley determinara en cada Estado cuales son las profesiones que necesitan Título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades para expedirlo, subrayando la falta de una descripción que funcionara como hilo conductor sobre el ejercicio de las profesiones y particularmente para orientar sus beneficios. Los profesionistas pagaron con años de olvido la ayuda al régimen porfiriano.